El Blog de Sergio del Molino

Me alegra ver que hay voces que empiezan a llamar la atención sobre algo que me preocupa mucho desde hace unos años y que a todo el mundo parece darle igual. El otro día, en El País, la magistrada María Sanahuja escribía un valiente alegato contra la ley de violencia de género de 2004, sólidamente argumentado, y hoy, en Público, Rafa Reig se salía de la corriente "correcta" sobre la sentencia del juez Tirado y recordaba de paso algunos de los fundamentos del Estado de Derecho. Espero que estos islotes sean los primeros mojones de un debate amplio del que estamos muy necesitados antes de que sea demasiado tarde y los vengadores nos dominen.

Desde unos años a esta parte parece que hay un clamor que pide más severidad en las leyes y en los castigos penales. Las víctimas piden mano dura, y eso entra dentro de lo normal: en el dolor se clama venganza. Lo grave es que toda la sociedad empieza a secundar ese clamor y pide venganza a unos gobiernos que echan cuentas electorales, suman votos, y se apresuran a acallar al gentío vociferante.

La última reforma del Código Penal da miedo. Se ha legislado atendiendo el amarillismo de los medios de comunicación y las demandas histéricas de los exaltados. ¿Qué será lo siguiente? ¿La cadena perpetua, los trabajos forzados, la pena de muerte? Tenemos una cárceles saturadísimas incapaces de cumplir su propósito de reinserción social. Si ahora, además, la sociedad les exige que renuncien a ese propósito de reinserción y se centren en el ojo por ojo, diente por diente, vamos dados.

¿Qué justicia queremos? ¿Una que siga basada en leyes que tengan como objetivo garantizar la convivencia y solucionar los problemas para todos -y en ese todos van incluidos los delincuentes también-? ¿O una que vengue satisfactoriamente a las víctimas, que aplique algo parecido al ojo por ojo, que haga sufrir de verdad a los reos para satisfacción del gentío? ¿Queremos cadalsos públicos, escarmientos ejemplares? Digan abiertamente si es eso lo que quieren, porque yo me bajo en la siguiente parada y pido asilo al norte de Dinamarca.

Creía que habíamos llegado al convencimiento racional y justo de que la víctima no está capacitada para dictar el castigo de su verdugo. Creía que habíamos aprendido lo que significaba la presunción de inocencia y que habíamos desterrado los capirotes y las ejecuciones públicas con aplausos y vítores. Pero cada vez veo más pasos atrás: listas públicas de pederastas que ya han cumplido su condena (y, por tanto, no deben dar explicaciones a nadie de nada, están en paz), pero que la ven prolongada a perpetuidad, con una invitación constante de sus vecinos al ostracismo y a la vigilancia desconfiada -cuando no a la denuncia falsa o a la agresión jaleada por el barrio-; presunciones de inocencia pasadas por el forro de los fiscales en casos de presunto maltrato; denunciantes que pueden acusar alegremente a cualquiera sin aportar pruebas y sin sufrir consecuencia alguna por su falsa denuncia; ministros que dicen que se asegurarán de que un etarra que ha cumplido su condena no podrá vivir al lado de una víctima, como si alguien que ya ha pasado por la cárcel, y me da igual la circunstancia que le haya llevado allí, no pudiera vivir donde quiera o pueda, como cualquier otro ciudadano; jueces presionados hasta el punto de meter en la cárcel a quien la opinión pública señala... Cada nuevo episodio nos aleja del modelo democrático ilustrado y nos acerca a las tinieblas de la Edad Media, con sus inquisiciones y sus Torquemadas.

El caso de Dolores Vázquez, que pasó por la cárcel sólo porque un grupo de periodistas se ensañó con ella, debería habernos hecho reflexionar muy seriamente hacia dónde estamos yendo. La seguridad jurídica, uno de los pilares básicos que deben regir el ordenamiento jurídico de una democracia, como cualquier estudiante de derecho que lleve una semana en la facultad sabe bien, se está resquebrajando delante de nuestros ojos.

¿Tan excepcional es el caos que nos rodea como para que haya un clamor que pida mano de hierro para restaurar el orden? ¿Vivimos en un estado de emergencia y no me he dado cuenta? ¿Hay tiroteos en las calles, las mafias controlan los barrios, la policía se ve desbordada por las bandas criminales, no se puede pasear tranquilamente sin que los pederastas/violadores/agresores de género/terroristas de ETA nos apuñalen, la corrupción ha colapsado la administración? ¿De qué tenemos miedo hoy, en este país, a 25 de diciembre de 2008, qué nos asusta tanto? ¿Acaso entran constantemente en nuestras casas, acaso tirotean a nuestras madres cuando van a hacer la compra o secuestran a nuestros vecinos de camino al trabajo?

¿Qué paranoia de mierda es esta? Porque yo veo un país casi aburrido de puro tranquilo, con bares y restaurantes llenos; con un sistema sanitario que, con todos los peros del mundo, funciona de puta madre; con unos ciudadanos que saben algo más que leer y escribir gracias a una educación pública universal y saben buscarse las castañas del fuego, y con una administración que, a grandes rasgos, funciona bastante bien: la basura se recoge a diario, la luz llega a las casas, el agua es potable, las carreteras están practicables y bien conservadas y las cartas no se pierden en el camino. También veo un país donde el grado de violencia es muy bajo en comparación con otras épocas o con otros países. Si la población española envejece es porque en este país se puede llegar a viejo. ¿No ven que en los países dominados por la violencia y la miseria la población es muy joven, pues en cuanto los ciudadanos crecen un poco, o mueren en algún rollo chungo o emigran? Miren Marruecos, miren Argelia, miren Colombia, países todos ellos llenos de chavales. Si en un sitio domina la senectud, es porque es próspero y tranquilo. ¿Tan ciego estoy? ¿Tan alejado de la realidad vivo?

La España de los años 70 era mil veces más chunga e insegura que esta y, sin embargo, estaba poblada por gente que supo valorar la seguridad jurídica por encima de su seguridad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que para vivir en libertad necesitamos un sistema legal que nos proteja contra vengadores, denunciantes falsos y policías con la porra floja. Que el protocolo de los procesos judiciales no es un folclore accesorio, sino un complejo mecanismo que pretende evitar ensañamientos, torturas y linchamientos. No es perfecto, claro que no, pero yo prefiero saber que las reformas de ese sistema imperfecto se encaminan a reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos y no a reforzar los deseos de venganza de la turba.

¿Queréis venganzas y mano dura? Muy bien, pues yo me apeo. No cuenten conmigo, que no voy a encender mi antorcha para unirme al gentío que exige al sheriff que le entregue el forajido para colgarlo en la plaza del pueblo. Yo no quiero eso, y seguro que hay más personas como yo. Si las hay, deberíamos hablar antes de que la turba consiga sacar al reo y lo linche.